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El sacerdote Josep Samsó i Elias nació en Castellbisbal el 17 de enero de 1887. Durante su infancia residió en Rubí, donde fue alumno del colegio de los Hermanos Maristas.

Más adelante su familia se trasladó a Sarrià (Barcelona) y en el año 1900 ingresa en el Seminario de Barcelona donde cursó los estudios eclesiásticos que completó en la Pontificia Universidad de Tarragona, donde obtuvo el grado de doctor en teología.

Encarcelado por su condición de sacerdote el 30 de julio de 1936, permaneció en la prisión de Mataró durante un mes. Su cautiverio terminó con su asesinato en el cementerio de Mataró el día 1 de septiembre de 1936.

Murió perdonando a sus ejecutores y con una gran ejemplaridad cristiana. Por esta razón, el doctor Samsó será beatificado como mártir.

Fuente: 1936-1939.com

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El Parlamento polaco, a favor del crucifijo por aplastante mayoría; en España, el gobierno socialista quita hierro a una iniciativa que su grupo apoyó en el Congreso.

El Parlamento polaco ha aprobado el día 3, por aplastante mayoría, una declaración “en defensa de la libertad de confesión y de promoción de valores que son patrimonio común de las naciones de Europa”. La declaración critica la decisión del Tribunal Europeo de Derechos Humanos a propósito de la retirada del crucifijo en la escuela pública italiana.

357 diputados de distintos partidos han votado a favor, 40 en contra y 5 se abstuvieron. Ludwik Dorn, jefe de la agrupación Polska Plus, iniciadora del proyecto, comunicó que la declaración del Congreso no está dirigida contra nadie, sino que pretende defender valores que se han visto amenazados.

En cambio, en España, la decisión del Tribunal de Estrasburgo ha motivado una iniciativa parlamentaria de signo opuesto a la polaca. El pasado día 2, a propuesta de ERC (Esquerra Republicana de Catalunya), y con apoyo del Partido Socialista, se aprobó en la Comisión de Educación una proposición no de ley en la que se insta al gobierno a que traslade a la legislación española la doctrina de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Se trata, dice la proposición, de aplicar “el principio de neutralidad ideológica y religiosa del Estado y, especialmente en lo relativo a los centros escolares”.

Fuente: cope.es